Reforma exprés de la Constitución:Lo bueno, lo feo y lo malo

Reforma exprés de la Constitución: Lo bueno, lo feo y lo malo

El Congreso aprobó el pasado 2 de septiembre una histórica reforma de la Constitución para introducir la obligación de estabilidad presupuestaria por parte de todas las Administraciones Públicas españolas. Histórica no sólo por ser la primera modificación relevante de nuestra Norma Fundamental, sino por haber sido aprobada con el único apoyo de dos partidos, lo cual constituye una auténtica ruptura con el espíritu de consenso que forjó el texto de 1978. La reforma, negociada por PSOE y PP en pocas horas, presenta aspectos positivos (Lo bueno), así como elementos escasamente edificantes (Lo feo) y otros que cuando menos deberían llevarnos a la preocupación (Lo malo).

Lo bueno

Como aspectos positivos cabe destacar dos. En primer lugar, los dos principales partidos del país han conseguido ponerse de acuerdo en algo. En un país acostumbrado a la política de tierra quemada y la guerra de trincheras, y tras discrepancias en temas tan sensibles como la política económica, la reforma del Poder Judicial o el terrorismo, el consenso entre PSOE y PP no deja de ser novedad. En segundo lugar, reformar la Constitución para incluir el compromiso de equilibrio presupuestario nos mete en el grupo de Alemania y otros países como Francia que parecen haberse tomado en serio la crisis. Y puestos a estar en un grupo, mejor que sea el de Alemania y Francia que el de Portugal, Grecia o Irlanda, incómodos compañeros de viaje con los que España ha sido asociada demasiadas veces en los últimos dos años.

En cualquier caso, y a pesar de los parabienes que Merkel y Sarkozy han dispensado a España por la medida que el Congreso acaba de adoptar, los mercados no parecen tan impresionados; la prima de riesgo (medida como diferencial del rendimiento del bono español respecto del bono alemán) alcanzó el mismo 2 de septiembre los 311 puntos básicos, el nivel más alto desde inicios de agosto.

Lo feo

Lo feo es cómo los dos partidos mayoritarios han marginado al resto de formaciones. En 1978 se llegó a un amplio consenso para redactar una Constitución que reflejara la variedad de opciones políticas del país. La propia composición del órgano de redacción, una ponencia de siete diputados que fueron llamados los Padres de la Constitución, si bien no incluía a determinadas sensibilidades (grupos a la izquierda del PCE) y regiones (Galicia y Canarias, por ejemplo), supuso un gran esfuerzo de representatividad del conjunto de la población española. Los Padres de la Constitución fueron Gregorio Peces-Barba (PSOE), Manuel Fraga (Alianza Popular, hoy PP), Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de Miñón (UCD), Jordi Solé Tura (PCE) y Miquel Roca i Junyent (Minoria Catalana y PNV),

La reforma que se acaba de aprobar se ha cocinado de una manera muy diferente. Fue negociada por el gobierno y el principal partido de la oposición en pocas horas, y el Congreso rechazó hasta 18 enmiendas propuestas por el resto de partidos. El día de la votación PSOE y PP intentaron conseguir que al menos CIU se abstuviera de la votación, posibilidad que fue vetada por IU al impedir que se votaran dos enmiendas transaccionales sugeridas para conseguir la abstención del partido catalán. El resultado es que la reforma fue aprobada por 316 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de 29 diputados.

El mensaje lanzado por PSOE y PP al negociar el nuevo texto por su cuenta es claro: la grave situación económica justifica la adopción de esta medida prescindiendo del consenso de 1978, en una semana y con “estividad” – en pleno agosto - y alevosía. Sin embargo, parece que la gravedad de la coyuntura antes justificaría un gran pacto de fuerzas políticas, y no la bilateralidad pretendida por PSOE y PP. España ya tuvo un sistema bipartidista, y resucitar ahora a Cánovas del Castillo y Sagasta se antoja algo anacrónico.

Por todo ello, tiene razón Duran Lleida cuando clama que se ha roto el pacto constitucional. Si el PP gana las próximas elecciones generales de noviembre pero no alcanza la mayoría absoluta, como anticipan algunas encuestas, será interesante ver cómo se aproxima a fuerzas como CIU, PNV, o UPD, a las que ahora ha preterido. El PSOE tiene menos que temer a corto plazo ante lo improbable de que pueda acceder al poder incluso mediante pactos post electorales, pero hay gestos que no se olvidan fácilmente.

Lo malo

Lo malo, por no decir lo peor, es cómo se ha ninguneado a la ciudadanía, negándole el derecho a pronunciarse en referéndum sobre una reforma de la Constitución de este calibre. Esta es la crítica que hicieron a PSOE y PP el día de la votación tanto IU como ICV, BNG, Nafarroa Bai o UPyD. La Carta Magna sólo se había modificado una vez en más de treinta años de historia, en 1992, por exigencias del Tratado de Maastricht. La reforma, que afectaba al artículo 13.2 de la Constitución, obedeció a la justificada necesidad de reconocer el derecho al sufragio de los ciudadanos extranjeros en las elecciones municipales. Se trataba entonces de dar un derecho a quien no lo tenía, y en buena lógica el cambio no suscitó recelos o críticas, por lo que no habría sido justificado activar la maquinaria del referéndum, que obviamente es costosa en tiempo y recursos.

Este caso es muy diferente. La Constitución Española dice muy poco sobre el modelo económico a seguir. A grandes rasgos, el Título VII (‘Economía y Hacienda’) establece una economía de mercado en la que el Estado puede intervenir para “atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (artículo 131 CE). En esta música caben muchas melodías: desde una economía ampliamente intervenida hasta las formas más extremas del laissez faire laissez passer, pasando por las recetas intermedias del keynesianismo propio de la socialdemocracia. Y así debe ser; la Constitución es el campo de juego y las reglas básicas, y corresponde al gobierno de turno decidir si juega con un 4-4-3 o un 5-3-2, en función de su color político y la coyuntura económica del momento.

La reforma que se acaba de aprobar, al margen de la opinión de cada uno sobre las virtudes del principio de equilibrio presupuestario, quiebra esta manera de entender la Constitución. El nuevo texto del artículo 135 establece que “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”, prohibiéndoles incurrir en déficits que superen los límites establecidos por la UE y, a nivel interno, mediante Ley Orgánica. Específicamente, la Constitución proclama que el pago de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta”. ¿Prioridad por delante de qué? Parece bastante claro: por delante del gasto en otras partidas, como sanidad, educación o infraestructuras.

Exigir a los poderes públicos que sus cuentas estén equilibradas por encima de cualquier otro objetivo es una premisa de la economía neoliberal. Por mucho que el equilibrio presupuestario se haya demostrado positivo en diferentes ocasiones y países, incluso sus más acérrimos defensores deben reconocer que marcarlo a fuego en la Norma Fundamental va más allá de las reglas básicas de juego que deberían ser el solo contenido de la Constitución. La mejor prueba de ello es que la única fuerza parlamentaria que había propuesto dicha medida hasta la fecha era el PP, que ahora está visiblemente satisfecho por haber conseguido convencer al gobierno.

De hecho, llama poderosamente la atención que haya sido Zapatero, líder del partido socialista, quien haya decidido constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria, algo que casa mal con su insistencia en mantener las políticas sociales contra viento y marea incluso en estos tiempos de crisis. Rubalcaba por su parte está que se sube por las paredes. Una de sus bazas para ganar las elecciones, o al menos para hacer menos dura la caída, era el guiño a los jóvenes y al sano magma de inquietud y cabreo que llamamos Movimiento 15M. El pasado domingo 28 de agosto el 15M salió a la calle en toda España con la sensación de que el PSOE le estaba tomando el pelo, y parecía decirle al líder socialista aquello de ‘Yo no soy tonto’.

Lo que está claro es que la reforma, a diferencia de la que afectó al artículo 13.2 de la Constitución, es una “decisión política de especial trascendencia”, que son las que pueden ser sometidas a referéndum según el artículo 92 de la Carta Magna. No es obligatorio, pero sería un síntoma de salud democrática que, ya que no se ha contado con el resto de partidos, PSOE y PP al menos consultaran a la ciudadanía sobre el cambio.

En los últimos años una preocupación creciente de la clase política, no sólo en España sino en toda Europa y el resto de regiones con regímenes democráticos, es la desconexión entre el ciudadano y los poderes públicos. Los partidos hablan a menudo de esta desafección, pero raramente pasan de la fase de diagnóstico para preguntarse las causas del desinterés de la ciudadanía. PSOE y PP deberían pararse a reflexionar si aprobar una modificación de la Constitución que determina nada más y nada menos que el modelo económico del país, y hacerlo en una semana y sin someterla a referéndum, es la mejor manera de acercarse a sus potenciales votantes.

Lo bueno, lo feo y lo malo. Un western de incierto final está servido. Lo único seguro ahora mismo es que la reforma da alas al movimiento 15M y asegura el conflicto entre el partido que salga vencedor de las próximas elecciones y el resto de formaciones, dificultando cualquier pacto de gobierno después del 20N. El tiempo dirá si la medida fue un acto de responsabilidad política o un eslabón más en la sumisión de la política al dictado de los mercados.